B.Ch.D
Salió Soraya Saénz de Santamaría y reveló la nueva reforma del Código Penal. Entre algunos malabares jurídicos, algunos nuevos maquillajes para fingir que se lucha contra la corrupción y la cadena perpetua, se anunció el endurecimiento de las penas y multas impuestas a las conocidas webs de enlaces. Suponen un ataque directo a la difusión de contenidos protegidos con copyright. Se habla lucha contra la piratería. Incluso algún periodista se permite el lujo de decir que se trata de “una medida que pretende detener la sangría económica” que esta actividad produce en “el seno de la industria cultural”.
Por ejemplo, el señor Daniel Verdú, ciego como un topo, se frota las manos con su artículo mientras detalla las penas que les van a caer a partir de ahora a los webmasters o a las personas que malviven vendiendo copias en el top manta, de hasta seis años para los primeros y de seis meses a dos años para los segundos, atendiendo ciertos detalles.
“Piratería” es una palabra despectiva. Criminaliza una actividad, pretende un sesgo, como bien indicaba en sus intervenciones el abogado David Bravo. Pero no entraremos en vericuetos lingüísticos. La evolución de la ley Sinde-Wert es la misma desde hace ya unos años: se busca apoyar al lobby de la industria cultural. Ha sido el papel de los corruptos de la SGAE desde el principio. No buscan la protección de las obras de los artistas para que éstos no dejen de cobrar por su trabajo. Buscan el lucro económico y el control de la escena cultural con un descaro que dejaría boquiabierto a Leo Bassi.
Mientras la corrupción, la impunidad o los crímenes del franquismo siguen sin ser perseguidos, se plantea que encierren a una persona por compartir cultura en Internet durante más tiempo que a un asesino o un pederasta violador. Porque, para la gente que se enriquece a costa de los contenidos intelectuales de otros, esto del Copyleft o del Creative Commons debe de sonarles a terrorismo. Y claro, hay que criminalizar rápido la actividad para poder seguir ganando billetes a toda costa.
Algunos de los derechos de grandes obras de la historia los tienen las grandes compañías, con capital suficiente como para comprar la canción “cumpleaños feliz” y sacar pasta del asunto. Ellos son los que están detrás de la reforma Sinde-Wert. No es una defensa de los derechos del poeta Miguel Hernández ni mucho menos.
Por otra parte, hay grandes compañías que ignoran los derechos de autor sistemáticamente. El caso de Google Books, que digitaliza libros y cobra por acceder a ellos sin poseer realmente la licencia. Hablo de libros que son patrimonio de la humanidad, véase por ejemplo Don Quijote de la Mancha. Vean cómo intentan vendernos el libro a través de su propia página. Vean cómo no se puede acceder a todo el contenido del libro. ¿Eso no es lucro indirecto? ¿Van a condenar también a los responsables de Google a unos cuantos años a la sombra? Ni por asomo, señor Verdú. Mire bien dónde se produce esa sangría de la que habla. Quizá no viene de donde usted asegura. Quizá venga de la subida del IVA cultural, materia que no aparece en su artículo. Sospechosamente.
Publicado en La Noticia Imparcial el 21 de septiembre de 2013
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