Bolinaga en libertad

Uribetxeberría Bolinaga, en la ventana de su habitación en el hospital Donostia. EFE/Juan Herrero

B.Ch.D

 El pasado 13 de Septiembre, la noticia de la puesta en libertad del etarra Josu Uribetxebarría Bolinaga por motivos humanitarios produjo el torrente de reacciones políticas que se esperaba, a la vista del desarrollo del caso. Fue el fallo final del tribunal de la Audiencia Nacional, máximo órgano jurisdiccional.  Los jueces fallaron a favor del preso por cuatro votos a uno.

No se trata de un caso cualquiera, como el bombardeo mediático y las declaraciones de los portavoces de los partidos políticos han dejado claro. El antiguo terrorista independentista vasco, es uno de los responsables del secuestro en 1997 del funcionario de prisiones Ortega Lara. Además está condenado por tres asesinatos. La sentencia dictó 32 años de cárcel de los que lleva cumplidos 15.

Presentado el individuo, presentado el caso y generada la controversia, no cabe más que acudir a las reglas del estado. Una de esas reglas implica la liberación de los presos afectados por enfermedad o en grave estado de salud que supusiera peligro para la misma en caso de encarcelación (Ley 2128/2010 CP; http://bit.ly/Ou9hxA ).

 Ésa es la ley del Estado. Ese tipo de ley que los dirigentes del Partido Popular, partido en  el Gobierno, enarbolan en numerosas ocasiones como si fuera el estandarte de la luz. Las protestas políticas, agitación de argumentos en cadenas y medios sesgados, declaraciones insultantes, deben de ser parte de ese respeto a ultranza que tienen a la ley.

 Porque en el fondo les gustaría decir que preferirían que a este tipo lo condenasen a muerte. Que le estrangulasen sentado en el garrote vil. Que colgase del cuello hasta morir en pública ejecución, ante el griterío popular. Es el mismo sector de la población que exige revisiones en la ley del menor para que puedan ser juzgados como adultos. Los mismos que no protestaron cuando, por motivos de salud, Augusto Pinochet,   se libró de la justicia española.

 La ley, como dijo Mariano Rajoy en su entrevista el pasado lunes en Televisión Española, no quiere que nadie muera en la cárcel. El Estado no puede permitir que un preso muera bajo su tutela. El coste político sería demasiado alto: protestas de la familia, de los grupos de derechos humanos, de la izquierda, de los grupos independentistas vascos, un cese total de la actividad armada que lleva a la senda de la paz irreversible en Euskadi… por no hablar de la creación de la figura de un mártir abertzale.

 Los dirigentes del Partido Popular, como Antonio Basagoiti o Esperanza Aguirre habían calentado el ambiente antes y después. Pero sus protestas no eran más que pataletas frente a la realidad objetiva de la salud crónica y terminal del etarra. Ante la ley, es otro preso más, y como tal debe ser tratado. Dejar que vuelva a su tierra, a morir entre aquellos, pocos, que tienen algún sentimiento humano por el sujeto.

 Josu Uribetxebarría Bolinaga padece cáncer de riñón con metástasis en los pulmones y el cerebro. Terminal. Irreversible. Su esperanza de vida, según los informes médicos concluyentes, no sobrepasa el 10% para el año próximo. La caquexia, delgadez extrema consecuencia de su huelga de hambre y combinada con la patología de su enfermedad, es patente en el individuo. Patxi López, lehendakari en el País Vasco por el PSOE, declaró a EFE que el Estado ha demostrado  que es “garantía de Justicia, generoso cuando tiene que serlo e infinitamente superior, moral, ética y humanitariamente que los terroristas.” “Los demócratas debiéramos estar contentos”, añadió.